En manos de quién están los servicios públicos básicos en San Lorenzo

¿En manos de quién están los servicios públicos básicos en San Lorenzo?

Los servicios públicos básicos cuestan a cada vecino más de 170€ al año. En los pueblos de nuestro alrededor son más bajos: El Escorial – 151,92€; Torrelodones – 134,21€; Galapagar – 126,10€; Guadarrama – 140,62€. ¿Cómo puede ser esto?.

El Ayuntamiento de San Lorenzo a fecha de hoy tiene la gran mayoría de los servicios públicos básicos contratados con empresas externas y, hasta el año pasado, también la vigilancia de estos contratos estaba, a su vez, en manos de una empresa externa al Ayuntamiento.

En Vecinos entendemos que el hecho de que un contrato esté externalizado no tiene por qué implicar que el servicio sea de mayor o menor calidad; lo que si nos pareció muy difícil de entender, y en esa misma posición estaba el equipo de gobierno, es que la supervisión de las contratas estuviera a su vez externalizada, porque… ¿quién vigilaba entonces al supuesto vigilante?.

Debido a esto, se decidió que este trabajo se iba a realizar desde el Ayuntamiento y se creó una plaza de técnico de servicios para que, entre otras tareas, realizara este control sobre la correcta ejecución de los contratos.

Es muy importante en este tipo de contratos la vigilancia de su correcta ejecución ya que suponen un porcentaje de nuestro presupuesto del 20%, más de 3 millones de euros .

Son contratos que, además de implicar un gasto importante, están firmados por períodos bastante largos de tiempo, algunos hasta fechas difíciles de visualizar. A modo de ejemplo:

  • Recogida de basuras: 12 años de duración (firmado en noviembre de 2014 duración hasta noviembre de 2026)
  • Explotación servicio y abastecimiento de aguas: 49 años de duración (firmado en julio de 1985, prorrogado en 1995 y de nuevo extendido en 2005 hasta diciembre de 2034)
  • Actividades deportivas y explotación del centro de agua y salud: 25 años de duración (firmado en septiembre 2010 hasta septiembre 2035)
  • Estación de autobuses: 30 años de duración (desde abril 2000 hasta abril 2030)
  • Aparcamiento de Terreros: 50 años de duración (desde octubre 1991 hasta octubre 2041)
  • Aparcamiento Plaza de la Constitución: 45 años de duración (octubre de 2000 hasta septiembre 2045)

¡Alguno de estos contratos acabará dentro de 7 legislaturas! Una herencia recibida del anterior gobierno del PP, e incluso de gobiernos previos.

A día de hoy, no se justifica que esta decisión haya llevado a un ahorro a los vecinos. La recogida, gestión y tratamiento de residuos, el abastecimiento de agua potable, el alcantarillado y la depuración de aguas residuales, la limpieza viaria… todos estos servicios cuestan a cada vecino más de 170€ al año; por debajo de la media nacional, pero por encima de la media autonómica, que se sitúa en 127,65€.

Si vemos un estudio de los pueblos de nuestro alrededor, El Escorial tiene un gasto anual por habitante de 151,92€; Torrelodones de 134,21€; Galapagar de 126,10€; Guadarrama 140,62€ … De hecho, es difícil encontrar municipios con coste superior ya que solo 5 municipios en toda la CAM tienen un coste superior. Estaríamos hablando en términos absolutos de unos 400.000€ de ahorro comparados con el Escorial o de unos 700.000€ comparados con los costes de Torrelodones. Esas cantidades equivaldrían a lo que se recauda en todo el municipio con la tasa de alcantarillado o el ingreso previsto anual de plusvalías.

Esto puede deberse a distintos factores, pero seguro que uno de los motivos de este elevado coste del servicio es el que todos estos servicios se prestan a través de empresas externas al Ayuntamiento; empresas, además, que seguirán dando este servicio durante casi otros 30 años.

La anterior corporación tenía pendiente de adjudicar un pliego sobre “eficiencia energética”. Habiendo examinado el pliego en detalle, después de una asesoría externa y de informes técnicos municipales; se decidió llevar al pleno la renuncia al pliego, ya que el beneficio del ayuntamiento por externalizar este servicio era bastante dudoso.

En este caso se ha podido hacer por no estar todavía adjudicado pero los posibles ahorros que se pudieran conseguir cancelando los contratos actuales no se pueden hacer debido a que las indemnizaciones a pagar por suspender los contratos son muy elevadas y lastrarían las finanzas del ayuntamiento, anulando el posible ahorro generado por el cambio y en este momento además por las limitaciones de contratación que el Estado ha establecido, ya que no se puede todavía aumentar las plantillas.

Al menos, una de nuestras labores fundamentales debe ser la vigilancia de la correcta realización de los servicios contratados y trabajar para que no se vuelvan a realizar contratos con tanta duración que hipotequen el futuro del ayuntamiento.

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